El contexto de los avales en los contratos de alquiler

En el mercado de la vivienda en España, es común que los propietarios requieran avales o fianzas como garantía adicional ante el impago o posibles daños en el inmueble. Sin embargo, la legislación vigente establece límites y condiciones sobre cómo se deben gestionar estas garantías. Un caso reciente ha suscitado dudas sobre la legalidad de retener parte de un aval cuando el inquilino decide abandonar el piso antes de tiempo.

La situación planteada

Un lector del consultorio de vivienda de El País, en colaboración con Legálitas, expuso su situación: su casero le exigió un aval de seis meses al inicio del arrendamiento y, tras decidir abandonar el piso, el propietario pretende quedarse con la mitad del aval. Esta situación plantea preguntas sobre los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los arrendadores según la normativa española.

La normativa sobre avales

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los contratos de alquiler en España y establece que el arrendador puede exigir una fianza, que generalmente equivale a un mes de renta, aunque en algunos casos puede ser mayor. Sin embargo, los avales no están regulados de la misma manera y su gestión suele depender de lo acordado entre las partes en el contrato.

En el caso del aval, es importante distinguir si se trata de un aval bancario, una garantía personal o un depósito en efectivo. La ley no establece claramente la posibilidad de retener parte de un aval si el inquilino decide abandonar el piso, a menos que haya una cláusula específica en el contrato que lo permita.

¿Qué dice la jurisprudencia?

La jurisprudencia ha tratado casos similares donde se cuestiona la retención de avales. En general, los tribunales han dictaminado que, si el inquilino cumple con las condiciones del contrato y no hay daños en la propiedad, no se puede retener la fianza o el aval. Sin embargo, si el inquilino ha incumplido alguna de las cláusulas, como el plazo de permanencia, el arrendador podría tener derecho a una compensación, siempre que esta esté claramente estipulada en el contrato.

Recomendaciones para inquilinos y propietarios

Para evitar conflictos, es fundamental que tanto inquilinos como propietarios establezcan claramente en el contrato las condiciones sobre el aval y las fianzas. Los inquilinos deben leer detenidamente el contrato antes de firmar y, si es necesario, solicitar asesoría legal para entender sus derechos y obligaciones. Por su parte, los propietarios deben ser transparentes sobre sus expectativas y las consecuencias de un posible incumplimiento.

Conclusión

La situación del lector ilustra un problema común en el mercado del alquiler en España. Aunque la ley proporciona un marco general, las especificidades del contrato son cruciales para determinar la legalidad de la retención del aval. En caso de disputas, se recomienda buscar asesoría legal y, si es necesario, llevar el caso a los tribunales para que se resuelva de acuerdo con la ley.